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Gigantes

Gigantes

Título traducido
Título original: Giants
Un puñado de redes financieras influye en las políticas públicas, la seguridad y las noticias sin necesidad de un plan maestro.
por Peter Phillips 2018 355 páginas
3.79
257 valoraciones
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Ideas clave

Rastrear cómo una clase capitalista transnacional gestiona el poder global

El poder cruzó fronteras. Peter Phillips actualiza el análisis del sociólogo C. Wright Mills sobre una élite de poder nacional para una economía en la que las corporaciones, los inversionistas y los responsables de formular políticas operan a escala internacional. Phillips llama Clase capitalista transnacional, o CCT, al estrato dirigente interconectado. Su Élite del poder global es el núcleo activo que gestiona, facilita y protege el capital concentrado. El libro nombra a 389 personas de las redes financieras, políticas y de seguridad, incluidos 199 directores de importantes gestoras de activos.

Un mapa, no una lista. Phillips sostiene que las instituciones e intereses compartidos ayudan a este grupo a influir en las políticas más allá de cualquier empresa o gobierno. Según su análisis, lo que está en juego es el aumento de la desigualdad, la guerra y el daño ecológico. Nombrar a personas e instituciones busca hacer visible el poder y contribuir a que la resistencia esté mejor informada.

Análisis

El cambio útil consiste en pasar de preguntar quién ocupa un cargo a preguntarse quién se reúne, invierte, asesora y fija las condiciones del debate de manera recurrente. El análisis de redes puede revelar influencias que escapan a una lista de títulos formales. Sin embargo, las conexiones no demuestran que exista una dirección unificada: las personas que pertenecen a los mismos círculos pueden discrepar, y pueden producirse resultados similares por incentivos compartidos sin coordinación. El libro resulta más convincente cuando su modelo de clase lleva a prestar atención a relaciones e instituciones observables, y no cuando se toma un interés común inferido como prueba de que todos los participantes actúan concertadamente.

Seguir a las gestoras de 41,1 billones de dólares, pero distinguir entre gestión y propiedad

La escala concentra la influencia. Phillips identifica diecisiete gestoras de activos que en 2017 administraban más de un billón de dólares cada una. En conjunto, gestionaban más de 41,1 billones de dólares, con inversiones en distintos países e industrias. El dinero pertenece a clientes e inversionistas; no simplemente a las empresas o a sus directores. El argumento del autor es que las gestoras adquieren una influencia extraordinaria porque sus decisiones de inversión afectan el flujo de capital.

Las carteras entrelazadas importan. El libro estima que las diecisiete empresas poseían participaciones mutuas por valor de 403.400 millones de dólares, según los datos de mercado disponibles. Un estudio de 2011 de la Universidad de Zúrich, que analizó 43.060 corporaciones transnacionales, determinó que 147 empresas controlaban alrededor del 40 por ciento de la riqueza dentro del modelo del estudio. Phillips emplea estos hallazgos para describir una red corporativa muy concentrada, no para demostrar que sus integrantes compartan un plan único.

Análisis

Es esencial distinguir entre activos gestionados y activos en propiedad. Una gran gestora de activos puede influir en el gobierno corporativo mediante sus decisiones de voto e inversión, pero el dinero de sus clientes no es el patrimonio privado de la gestora. Del mismo modo, las participaciones comunes pueden reflejar fondos indexados y carteras diversificadas, además de colaboración estratégica. La ciencia de redes ayuda a identificar nodos centrales, pero la centralidad por sí sola no demuestra control político. Las cifras del libro concretan la concentración; los lectores deberían considerarlas pruebas de influencia estructural y preguntarse después qué decisiones específicas produce esa influencia y quién puede cuestionarlas.

Seguir las redes de élite donde el dinero se convierte en política

Los vínculos personales conectan instituciones. Phillips presenta los perfiles de 199 directores de los diecisiete Gigantes financieros y rastrea sus cargos superpuestos en corporaciones, gobiernos, universidades y grupos de política pública. En los datos de 2017, el 70 por ciento eran hombres y el 84 por ciento eran de ascendencia europea. Muchos habían estudiado en universidades de élite o habían formado parte de organismos internacionales, lo que les ofrecía oportunidades recurrentes para reunirse e influir en el debate económico.

Los foros de política pública dan acceso. El Grupo de los Treinta (G30) y la Comisión Trilateral son ejemplos centrales. El autor cuenta 32 integrantes del G30 y 55 personas en el comité ejecutivo ampliado de la Comisión Trilateral, con miembros que pertenecen a ambos grupos. Estas organizaciones privadas publican estudios y reúnen a personas influyentes. Phillips sostiene que sus recomendaciones pueden orientar las decisiones de instituciones como el FMI, el Banco Mundial y el G20.

Análisis

El método biográfico del capítulo vuelve tangible a una élite abstracta: los lectores pueden ver cómo los nombramientos y las afiliaciones crean vías entre las finanzas y la toma de decisiones públicas. Esto se asemeja al estudio de las redes de política pública, en las que el acceso y la interacción reiterada pueden importar tanto como la autoridad formal. La prueba importante es si una red modifica un resultado, no simplemente si personas prominentes pertenecen a ella. Los foros privados pueden facilitar supuestos comunes, pero no eliminan los conflictos entre sus integrantes ni convierten todas las políticas en producto de un acuerdo de élite.

Preguntarse adónde va el capital excedente cuando disminuyen las inversiones seguras

El crecimiento genera presión. Phillips sostiene que, cuando enormes reservas de capital buscan obtener rendimientos de forma continua, pero quedan pocas inversiones seguras, el dinero puede dirigirse a la especulación, la privatización y la guerra. Vincula esta presión con crisis como el colapso financiero de 2008, cuando las complejas inversiones inmobiliarias contribuyeron a desestabilizar la economía. También describe las inversiones en tierras agrícolas: más de 90.000 millones de dólares se destinaron a comprar más de 74 millones de acres en 78 países durante la década que examina.

Los costos se distribuyen de manera desigual. El gasto bélico puede generar contratos y rendimientos, al tiempo que impone muertes, desplazamientos y costos públicos. En 2016, el gasto militar mundial alcanzó los 1,69 billones de dólares, según la cifra citada en el libro. Phillips también señala la especulación alimentaria y la transformación de tierras, mientras millones de personas padecen hambre, y observa que se desperdicia o se pierde cerca de un tercio de los alimentos que se producen en el mundo.

Análisis

Este es el mecanismo político-económico más incisivo del libro: un sistema que recompensa los rendimientos puede canalizar la inversión hacia actividades que acarrean grandes costos sociales. La pregunta útil no es solo quién obtiene beneficios, sino qué costos quedan fuera de la decisión de inversión. Eso no significa que toda guerra o compra de tierras sea causada por el capital excedente; los conflictos de seguridad y las decisiones políticas locales tienen sus propias historias. El argumento es más sólido como explicación de incentivos que pueden reforzar decisiones perjudiciales que como explicación única de todos los conflictos o crisis financieras.

Considerar las instituciones de seguridad parte de la economía política, no un telón de fondo

El capital tiene protectores. Phillips sostiene que el poderío militar estadounidense, la OTAN, los organismos de inteligencia y las empresas militares privadas contribuyen a garantizar las condiciones en las que operan las inversiones globales. Cita más de 800 bases militares estadounidenses en el extranjero y operaciones especiales de Estados Unidos en 147 países durante el período que abarca el libro. Grupos de política pública como el Consejo Atlántico vinculan a funcionarios de seguridad, líderes corporativos y contratistas de defensa en debates sobre la estrategia global.

La protección puede subcontratarse. Las empresas militares privadas prestan servicios de seguridad, logística, capacitación y otros a gobiernos y corporaciones. Blackwater, que más tarde fue reestructurada y rebautizada, se hizo tristemente célebre después de que sus empleados mataran a diecisiete civiles iraquíes en la plaza Nisour de Bagdad en 2007. El libro presenta este caso, junto con el crecimiento de grandes empresas de seguridad, como una advertencia sobre la rendición de cuentas cuando se contrata de forma privada el poder coercitivo.

Análisis

El capítulo incorpora de manera útil el gasto en seguridad a un debate que suele limitarse a los mercados y la regulación. Pregunta quién se beneficia de una política, quién asume sus costos y qué formas de supervisión se aplican. Estas preguntas son especialmente importantes cuando los contratistas operan lejos del escrutinio público. Al mismo tiempo, las alianzas militares también responden a amenazas estatales y compromisos públicos, por lo que describirlas principalmente como instrumentos para proteger el capital corre el riesgo de simplificar motivos complejos. El mayor aporte del libro es incorporar esas relaciones económicas al análisis, no zanjar todas las disputas causales.

Examinar quién proporciona las noticias antes de aceptar su enfoque

Las noticias tienen guardianes. Phillips describe un sistema mediático global dominado por un pequeño número de corporaciones, junto con empresas de relaciones públicas que suministran material a las redacciones. Calcula que las fuentes de relaciones públicas aportan entre dos tercios y el 80 por ciento del contenido de las noticias emitidas y publicadas en prensa. Según su análisis, la dependencia de fuentes oficiales y corporativas, las prioridades de los anunciantes y la concentración de la propiedad pueden limitar qué noticias reciben atención y cómo se presentan.

Una campaña puede convertirse en noticia. Phillips vuelve sobre la primera guerra del Golfo y la campaña de relaciones públicas que Hill & Knowlton organizó para Citizens for a Free Kuwait. Una joven testificó que soldados iraquíes sacaban a bebés de las incubadoras de un hospital. El libro informa que ella era hija del embajador de Kuwait y que su testimonio se había preparado con la empresa de relaciones públicas y la Casa Blanca. El episodio muestra por qué hay que examinar las fuentes y los incentivos.

Análisis

La lección práctica es ejercer alfabetización mediática con documentación: identificar la fuente, quién la financia y qué contexto falta antes de aceptar una afirmación impactante. Los ejemplos del libro muestran cómo la comunicación profesional puede moldear la opinión pública sin que una redacción tenga que inventar cada noticia. También hay que delimitar el alcance de su planteamiento: la concentración de la propiedad no significa que todos los periodistas actúen igual, y, aunque internet ha diversificado la publicación, también ha concentrado la publicidad y los datos. Un lector cuidadoso distingue la influencia documentada de la afirmación general de que todos los medios difunden propaganda dirigida desde un centro.

Usar la Declaración Universal para unir las reivindicaciones económicas con los derechos

Los derechos ofrecen un lenguaje común. Phillips propone la Declaración Universal de Derechos Humanos como marco moral para los movimientos que cuestionan la desigualdad y el poder concentrado. Adoptada por las Naciones Unidas en 1948, reconoce los derechos a la vida, la alimentación, la educación, el trabajo, la seguridad social, la información y la reunión pacífica. El libro subraya que la Declaración no se adoptó como tratado vinculante, pero sostiene que sus principios pueden orientar la acción cívica y el juicio público.

Las necesidades materiales son cuestiones de derechos. Este marco conecta reivindicaciones que suelen tratarse por separado: una vivienda segura, una audiencia justa, la participación política y la libertad del hambre. También ofrece a los activistas un criterio que pueden aplicar a los gobiernos y a las poderosas instituciones privadas. Phillips pide que esos mismos principios orienten las decisiones de las élites, para que las inversiones se evalúen por sus efectos en la dignidad humana y no solo por sus rendimientos.

Análisis

Un lenguaje común de derechos puede ayudar a las coaliciones a vincular la desigualdad económica con cuestiones conocidas de dignidad, seguridad y participación. También permite que los objetivos de un movimiento sean más concretos que la mera oposición. La amplitud de la Declaración es una fortaleza, aunque sus principios no resuelven automáticamente los conflictos sobre presupuestos, propiedad o aplicación. Un criterio moral sigue necesitando instituciones, leyes y grupos organizados capaces de hacerlo valer. El marco resulta más útil cuando orienta tanto la crítica como las propuestas concretas, y mantiene las reivindicaciones de derechos abiertas al escrutinio público.

Crear presión organizada y no violenta para que la redistribución sea políticamente posible

La presión altera el equilibrio. Phillips sostiene que los movimientos democráticos y la no cooperación son necesarios para cuestionar la riqueza concentrada. Señala los movimientos sindicales y por los derechos civiles de las décadas de 1930 y 1960 como períodos en los que la acción de masas contribuyó a forzar reformas importantes. Su relato de la Marcha de los Millonarios de Occupy Wall Street, en 2011, ofrece una imagen más reciente: los manifestantes visitaron las casas de figuras adineradas del sector financiero para llamar la atención sobre la distancia entre las fortunas concentradas y la vida de la gente común.

La filantropía no es redistribución. El libro advierte que las donaciones caritativas dejan en manos de los donantes la decisión sobre quién se beneficia, mientras que la reforma estructural cambia las reglas que distribuyen los recursos y el poder. Phillips pide una organización sostenida, democrática y no violenta, así como presión sobre las élites y los gobiernos para que redirijan la riqueza hacia las necesidades humanas compartidas. Su llamado es tanto práctico como moral: hacer visible la desigualdad, formar coaliciones y exigir políticas sujetas a rendición de cuentas.

Análisis

El argumento final transforma el diagnóstico en capacidad de acción política. Las reformas históricas rara vez surgen del análisis por sí solo; la organización colectiva puede hacer que resulte costoso ignorar intereses desatendidos y generar influencia para impulsar cambios institucionales. Las tácticas no violentas también ayudan a los movimientos a ganar legitimidad entre comunidades diversas. Aun así, la presión no garantiza resultados justos: los movimientos pueden fracturarse, sufrir represión o conseguir concesiones limitadas que dejan intactas estructuras más profundas. El énfasis del libro en coaliciones duraderas y en la rendición democrática de cuentas ayuda a afrontar ese riesgo, aunque su llamado a la acción deja abierta la difícil pregunta de qué reformas deberían priorizarse.

Análisis

Giants es un mapa del poder y un argumento político sobre el significado de ese mapa. Su aporte más duradero es metodológico: reúne la propiedad corporativa, las biografías de los directores, los foros de política pública, las instituciones de seguridad y los sistemas mediáticos en una sola explicación de la influencia. Este enfoque amplía la atención habitual centrada en las elecciones y los multimillonarios individuales. El poder puede residir en el acceso recurrente, las decisiones de inversión y la capacidad de definir qué políticas parecen realistas.

Las pruebas del libro no permiten establecer todas las afirmaciones con el mismo grado de solidez. Las listas de cargos en consejos directivos y las inversiones cruzadas documentan conexiones; por sí solas, no demuestran coordinación, una intención compartida ni control directo de los gobiernos. Tampoco los activos gestionados equivalen a riqueza personal o a dinero que un director pueda disponer sin restricciones. Estas distinciones importan, porque de lo contrario el poder estructural puede parecer una conspiración. La versión más sólida de la tesis de Phillips es institucional: los incentivos y los cargos superpuestos pueden alinear decisiones incluso sin un plan secreto ni un acuerdo unánime.

El argumento sobre el capital excedente también es valioso como mecanismo, pero no debería convertirse en una causa universal. La especulación financiera, la privatización y los contratos militares pueden absorber capital y generar rendimientos; sin embargo, las guerras también surgen de conflictos geopolíticos, la política interna y agravios históricos. Del mismo modo, la concentración de la propiedad de los medios y la dependencia de las relaciones públicas pueden moldear la cobertura, pero no hacen que todas las noticias estén guionizadas desde un centro. Estas salvedades afinan, en lugar de borrar, las preguntas del libro sobre la rendición de cuentas.

La investigación ofrece una instantánea de 2017, por lo que es necesario actualizar las redes, las estructuras corporativas y las estimaciones de riqueza que menciona antes de usarlas como directorio vigente. El desafío analítico más amplio persiste: distinguir un vínculo documentado de un efecto inferido y contrastar las afirmaciones con las decisiones y los resultados. La respuesta moral del libro es la presión democrática colectiva guiada por los derechos humanos. Su respuesta política es menos un plan detallado que una orientación: cambiar las reglas que rigen el capital, los servicios públicos y el poder coercitivo. Los lectores sacarán mayor provecho si consideran la lista un mapa inicial para investigar y no un veredicto definitivo sobre quién controla cada acontecimiento.

Resumen en 30 segundos
En 2017, 17 gestoras de activos administraban más de 41,1 billones de dólares, lo que daba amplia influencia a las decisiones de inversión, aunque los activos pertenecían a sus clientes. La superposición de cargos corporativos, de políticas públicas y de seguridad puede alinear decisiones sin demostrar la existencia de un plan secreto. Cuando escasean las inversiones seguras, el capital puede fluir hacia la especulación, la privatización y los contratos militares. Se estimaba que las empresas de relaciones públicas suministraban entre dos tercios y el 80 por ciento del contenido de las noticias. Los derechos humanos y la organización sostenida y no violenta ofrecen estándares y presión para cambiar la distribución de la riqueza y el poder.
Contiene spoilers

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Glosario

Clase capitalista transnacional (CCT)

Clase capitalista global

Una clase de ejecutivos corporativos, inversionistas, responsables de políticas públicas y otras élites cuyos intereses y relaciones económicas trascienden las fronteras nacionales. Según Phillips, la globalización conecta su capital y sus instituciones, mientras que las redes compartidas les ayudan a promover la inversión y el crecimiento continuos. La CCT es más amplia que la Élite del poder global, más reducida, que gestiona, facilita y protege activamente la riqueza concentrada.

Élite del poder global

Gestores centrales del capital global

Término de Phillips para las personas conectadas que ocupan puestos influyentes en grandes empresas financieras, organizaciones de políticas públicas, instituciones de seguridad y sistemas mediáticos. Se las presenta como un núcleo activo dentro de la Clase capitalista transnacional. El libro identifica a personas por su nombre y su función institucional para mostrar cómo el capital concentrado puede acceder a las políticas públicas y obtener protección.

Gigantes financieros

Gestores de activos de billones de dólares

Nombre que da el libro a las diecisiete empresas de gestión de activos que identificó en 2017, cada una con más de un billón de dólares bajo gestión. En conjunto, informa Phillips, gestionaban más de 41,1 billones de dólares. Estos activos son fondos de clientes e inversionistas, no simplemente riqueza propiedad de las empresas. El término destaca la magnitud de estas empresas y su posible influencia en las decisiones de inversión.

directorio interconectado (interlocking directorate)

Membresía compartida en juntas directivas corporativas

Relación en la que una persona forma parte de la junta directiva de más de una corporación, conectando sus juntas mediante un miembro compartido. Phillips usa el concepto para describir los vínculos entre empresas financieras, corporaciones e instituciones de políticas públicas. Estos lazos pueden facilitar la comunicación y los intereses comunes, pero su sola existencia no prueba la colusión ni la coordinación de decisiones.

Grupo de los Treinta (G30)

Foro privado de políticas financieras

Foro independiente y sin fines de lucro, fundado en 1978, que reúne a altos directivos de bancos, banqueros centrales, responsables de políticas públicas y académicos para debatir cuestiones económicas y financieras internacionales. Phillips lo considera una red clave para la planificación de políticas porque sus integrantes publican estudios y ocupan cargos en instituciones capaces de implementar políticas relacionadas. El libro destaca los vínculos profesionales superpuestos entre sus miembros.

Comisión Trilateral

Red internacional de debate sobre políticas

Organización no gubernamental fundada en 1973 para reunir a participantes influyentes de América del Norte, Europa y Asia con el fin de debatir problemas internacionales. Phillips describe sus informes, reuniones y redes ejecutivas como mecanismos para desarrollar perspectivas compartidas sobre políticas entre las élites políticas, corporativas y financieras. La membresía y el acceso no prueban, por sí solos, que sus propuestas determinen las decisiones gubernamentales.

propaganda de relaciones públicas (PRP)

Persuasión pública estratégica

Etiqueta combinada de Phillips para las actividades de relaciones públicas y propaganda que buscan moldear actitudes y comportamientos. La aplica a las comunicaciones corporativas y gubernamentales, incluidas las campañas mediáticas, la promoción de marcas, los mensajes políticos y la gestión de crisis. El término destaca cómo las comunicaciones persuasivas pueden servir a los intereses institucionales, sin dejar de reconocer que las relaciones públicas y la propaganda no son idénticas en todos los contextos.

modelo de propaganda

Marco de sesgo estructural de los medios

Marco de Edward Herman y Noam Chomsky para explicar cómo las estructuras mediáticas pueden favorecer los intereses de las élites. Entre sus filtros figuran la propiedad concentrada, las presiones por obtener ganancias, la dependencia de fuentes oficiales y corporativas, la presión para no ofender a actores poderosos y los supuestos centrados en el mercado. Phillips usa el modelo para interpretar cómo la propiedad, la publicidad y las fuentes pueden limitar la cobertura informativa sin que sea necesario censurar directamente cada noticia.

La red de control corporativo global

Estudio de la concentración de las redes corporativas

Estudio de 2011 de Stefania Vitali, James Glattfelder y Stefano Battiston que modeló las relaciones de propiedad entre 43.060 corporaciones transnacionales. Informó que 147 empresas muy interconectadas controlaban alrededor del 40 por ciento de la riqueza representada en su análisis. Phillips usa el estudio como evidencia de la concentración corporativa, a la vez que señala que la estructura de una red, por sí sola, no demuestra cómo ejercen el poder sus actores.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Declaración internacional de derechos humanos

Declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 que establece un amplio estándar de derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Phillips la recomienda como guía moral para los movimientos democráticos y para las decisiones sobre la riqueza global. El libro destaca que la Declaración no fue adoptada como un tratado vinculante.

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